D-todo

Los ayuntamientos gallegos mostraron ayer "un rechazo absoluto" a la medida introducida, "sin previo aviso", por el Gobierno central en el Real Decreto antidéficit que prohíbe directamente la financiación vía créditos a largo plazo de las entidades locales hasta 2012. La rebelión de los alcaldes, no sólo los gallegos, y en especial la presión de los regidores socialistas fue tal que el Gobierno español estudiaba ayer rectificar y posponer la entrada en vigor del veto hasta 2011. La restricción, que se conoció a través del Boletín Oficial del Estado y que pilló por sorpresa a los propios alcaldes y también afecta a las diputaciones provinciales, aboca al fracaso los planes de los municipios en el actual ejercicio y en el próximo, deja en el aire obras incluidas en los presupuestos de 2010 y, en definitiva, ahoga la capacidad operativa de los ayuntamientos en periodo preelectoral, al no poder tirar de crédito bancario para materializar las infraestructuras previstas y, aún menos, para plantear obras nuevas.El Gobierno, como una medida más para recortar gasto, ha decidido prohibir a ayuntamientos, entidades dependientes y diputaciones "acudir a crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes" salvo que sea para reducir intereses. El bloqueo de créditos para endeudamiento a largo plazo y para financiar nuevas inversiones estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011. No obstante, las entidades locales sí podrán pedir préstamos para operaciones a corto plazo, que deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año. "Si un ayuntamiento tiene un problema de liquidez puntual sí puede pedir un crédito siempre que se resuelva en la anualidad presente; para inversiones a largo plazo habrá que esperar a 2012", según el Ministerio de Economía y Hacienda. Los alcaldes de las principales ciudades gallegas, que ayer entraron en cólera al conocer una medida de recorte inesperada e inédita en los concellos, la tildaron de "drástica, grave e injusta". El regidor vigués,Abel Caballero, avanzó que puede afectar a los presupuestos y se preguntó si es lógico que se aplique por igual a un concello con un endeudamiento del 20% y a otro con un 80%.La tabla rasa o el café para todos es, en este caso, "inapropiada", según el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. "El trato a las corporaciones locales no puede ser lineal", advirtió Mollinedo. ¿Por qué a las entidades locales y no a las comunidades autónomas?, se preguntaban ayer los regidores. "La deuda de los concellos sólo supone el 6% de la deuda total; la de las comunidades, el 18% y, la de la Administración del Estado, el resto", lamentó el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, para mostrar su repulsa a la desigualdad en la aplicación de una norma "que no tiene en cuenta el déficit por concello ni el esfuerzo realizado para superarlo"."La restricción es lastimosa; limita y estrangula las posibilidades de los concellos", alertó el presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Carlos Antonio Fernández Castro, quien aseguró que los más perjudicados serán los que han sido más prudentes y han esperado para solicitar un préstamo. "Pedimos su retirada. Si no es posible, y como mal menor, solicitaremos al Gobierno que posponga su entrada en vigor hasta 2011, de modo que los presupuestos del año próximo se elaboren teniendo en cuenta la restricción y se puedan completar los planes de este ejercicio", explicó Fernández. La Comisión Ejecutiva de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) se reúne hoy para adoptar una postura común. Desde su cúpula socialista, tras una reunión con el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves y pese a las críticas de regidores del PSOE, ayer se lanzaba un mensaje pro recorte: "Tener sentido de Estado para sacar el país adelante".